Docentes plantean amparo ante la “vulneración y coacción” de derechos a los que son sometidos
Numerosos docentes entre mujeres y hombres, que prestan servicio actualmente en la Escuela Nº 335 “Juan Carlos Arévalo” del Barrio Namqom, y otros en diferentes establecimientos escolares, se reunieron con el Defensor del Pueblo, José Gialluca para manifestarle “ lo que consideran un abuso de confianza y coacción hacia sus patrimonios por parte de un profesional del derecho del medio, que manifiesta estarlos asesorando en un sumario administrativo que se lleva a cabo en el ministerio de Cultura y Educación”.
Expuso el Defensor que estos le señalaron que dicho sumario “se encuentra pronto a cerrarse y en el cual los docentes mencionados nunca fueron denunciados ni imputados por irregularidad alguna que hayan cometido en ejercicio de sus funciones, siendo que los citados han suscripto documentos – pagares, por la suma de $2.500 mensuales cada uno, alcanzando en su totalidad por el mentado asesoramiento legal a los $760.000; suma esta a la cual se llega por el número de docentes que se encuentran en esta grave situación y también por la cantidad de documentos suscriptos”.
El Ombudsman Provincial dijo que “gestionaremos por un lado la rescisión del poder oportunamente otorgado, en condiciones poco claras y que por la falta de conocimiento de los docentes a su vez suscribieron como se dijo, un sinnúmero de documentos que hoy compromete principalmente a un importante grupo de mujeres, solteras, con importantes cargas familiares y que quisieron en su oportunidad no verse perjudicadas en su actividad laboral, siendo que las mismas nunca fueron responsables de hechos o actos antijurídicos”.
Sostuvo Gialluca que “todo esto ya ha sido verificado en la dirección de Sumarios del ministerio de Cultura y Educación, y en consecuencia el area de Justicia y Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, apelara en primer término a lograr una resolución favorable de esta situación, sin necesidad de arribar ni a instancias judiciales y menos aun dar intervención al Tribunal de Ética del Consejo Profesional de la Abogacía, para que analice oportunamente la conducta del profesional”.
